Detener la ejecución de los presos con enfermedades mentales

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Japón (10-09-09)
Detener la ejecución de los presos con enfermedades mentales

Londres.- La práctica del Gobierno de Japón de ejecutar a presos con enfermedades mentales es inhumana y debe terminar, ha dicho hoy Amnistía Internacional coincidiendo con la publicación de su nuevo informe sobre el trato que reciben las personas con enfermedades mentales condenadas a muerte en Japón. En el informe, titulado Hanging by a thread: mental health and the death penalty in Japan, Amnistía Internacional condenó la práctica de Japón de ejecutar a presos con enfermedades mentales, que vulnera las normas internacionales –suscritas por Japón–según las cuales las personas con enfermedades mentales graves deben ser protegidas de la pena capital. Actualmente hay en Japón 102 personas condenadas a muerte que no saben si serán ejecutadas ni la fecha de su posible ejecución. Quienes han llegado al final del proceso legal se ven obligados a esperar la ejecución todos los días, afrontando una condena que puede cumplirse con sólo unas horas de aviso. Para ellos, cada día puede ser el último, y la llegada de un funcionario de prisiones con una orden de ejecución supondría su ejecución en unas horas. Algunos viven así año tras año, en ocasiones durante décadas.“Permitir que un preso viva durante un largo periodo bajo la amenaza diaria de una muerte inminente es cruel, inhumano y degradante. El trato que se impone a los presos condenados a muerte en Japón supone exponerlos a un gran riesgo de desarrollar enfermedades mentales graves”, ha dicho James Welsh, experto en Salud de Amnistía Internacional y principal autor del informe.“El trato de los presos en espera de ejecución debe mejorar para evitar que desarrollen graves problemas de salud mental.”Se desconoce el número exacto de presos en espera de ejecución que sufren enfermedades mentales en Japón. La pena de muerte y la salud de los presos están rodeadas de gran hermetismo, y la falta de vigilancia por parte de expertos independientes en salud mental ha hecho que se acuda a testimonios y documentación de segunda mano para evaluar el estado mental de estos presos. La política del Gobierno es no permitir acceder a ellos y las peticiones de acceso de Amnistía Internacional han sido denegadas.Amnistía Internacional halló que a los presos condenados a muerte no se les permite hablar entre sí, una restricción reforzada por el estricto régimen de aislamiento al que están sometidos. El contacto con familiares, abogados y otras personas puede estar limitado a visitas de tan sólo cinco minutos. No se les permite moverse salvo para ir al baño, y deben permanecer sentados en su celda. Además, tienen menos acceso al aire libre y la luz del sol, y más probabilidades de sufrir castigos extra por infringir las estrictas normas que se les imponen.“Estas condiciones inhumanas aumentan la ansiedad y la angustia de los presos y en muchos casos los empujan hacia la enfermedad mental”, ha dicho James Welsh. Los estudios de Amnistía Internacional en todo el mundo han demostrado que las personas que sufren enfermedades mentales corren especial peligro de acabar en el pabellón de los condenados a muerte. Los desórdenes mentales pueden inducir a la comisión de crímenes, incidir negativamente en la capacidad de un acusado de participar en una defensa legal eficaz y es probable que desempeñen un importante papel en la decisión de los presos de no continuar con el proceso de apelación. El informe pide al Gobierno de Japón que establezca una suspensión de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte. También le insta a que revise todos los casos en los que la enfermedad mental pueda ser un factor pertinente, a asegurarse de que los presos con enfermedades mentales no son ejecutados y a mejorar las condiciones de los presos para que no sufran un deterioro en su salud mental ni desarrollen enfermedades mentales graves. Amnistía Internacional insta al Gobierno de Japón a que muestre su firme compromiso con los derechos humanos ajustándose a las normas internacionales de derechos humanos.