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lunes, 8 de marzo de 2010

Día Internacional de la Mujer


La violencia contra las mujeres sigue siendo invisible en la Unión Europea
En Suecia, sólo el 12% de las violaciones denunciadas a la policía desemboca en juicio. En Dinamarca, el sexo sin consentimiento en el matrimonio no está penado. En Francia, una mujer muere cada tres días a manos de su pareja. Y en España, las víctimas de violencia de género en situación irregular se enfrentan a la amenaza de expulsión si se deciden a denunciar. En la Unión Europea (UE), decenas de miles de mujeres y niñas de todas las edades y de todos los grupos sociales son víctimas de múltiples formas de violencia. Son maltratadas por sus parejas o ex parejas, son víctimas de trata, sufren abusos y violencia sexual por parte de familiares, personas de su entorno y desconocidos, mutilación genital femenina o matrimonios forzados. Pero realmente se desconoce la magnitud del problema, ya que la violencia de género en los países de la UE sigue estando oculta. Países como Eslovenia, Finlandia, Grecia, Holanda, Hungría, Lituania, Polonia y Rumania no registran información sobre violencia de género ni en las comisarías, ni en los juzgados; y otros como Austria, Bulgaria, Estonia, Italia o Malta ni siquiera tienen legislación o planes de acción para abordar la violencia. Además de una respuesta desigual en los distintos Estados miembros, tampoco existen políticas comunes para combatir la violencia de género en el ámbito europeo.
Peticiones a la Presidencia española de la UE
Amnistía Internacional da la bienvenida a la iniciativa mostrada por la Presidencia española de impulsar la adopción de medidas para luchar contra la violencia de género en el territorio de la UE, entre ellas, la creación del Observatorio Europeo de Violencia de Género. Sin embargo, la organización pide a la Presidencia que este Observatorio no se limite únicamente a los casos de violencia a manos de la pareja o ex pareja y aborde todas las formas de violencia que sufren las mujeres y niñas por el hecho de serlo; esto es, la trata, la violencia sexual, la mutilación genital femenina, la violencia a manos de parejas y ex parejas, los matrimonios forzados, entre otras. En el marco del Consejo de Empleo, Política Social y Sanidad (EPSCO, por sus siglas en inglés) que se celebra en Bruselas el próximo 8 de marzo y de la reunión informal de Ministros y Ministras de Igualdad que se celebra en Valencia el próximo 26 de marzo, Amnistía Internacional pide a España y al resto de los Estados miembros que adopten un compromiso formal para impulsar iniciativas de lucha contra la violencia de género en todo el territorio de la UE. “El Observatorio es un primer paso positivo, pero de nada servirá si no existe entre los 27 una firme voluntad política y un compromiso expreso de darle continuidad para su adecuada puesta en marcha. Deben establecerse estándares mínimos comunes, como existen en materias como transportes, comercio, seguridad o inmigración y asilo, que obliguen a los Estados miembros a garantizar la prevención de la violencia de género, la protección de las víctimas, la sanción del delito y la reparación”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Para ello, Amnistía Internacional ha pedido a la Presidencia española, a través de un ciberacción en www.actuaconamnistia.org, que:
El Observatorio Europeo de Violencia de Género sea un órgano independiente, aborde todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, recoja datos para dar visibilidad al problema, trabaje la prevención, el procesamiento de los autores, así como la protección y la reparación de las víctimas.
Se establezcan los procedimientos adecuados para identificar, proteger y ofrecer indemnización a las personas objeto de trata, en cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.
Se haga una referencia expresa en el Plan de Acción del Programa de Estocolmo a la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, a la mutilación genital femenina, y al principio de diligencia debida en cuestiones penales, acceso a la justicia, cooperación policial y procedimientos de asilo individuales. El Parlamento Europeo estimaba en 2008 que alrededor de 500.000 mujeres y niñas han sido sometidas a mutilación genital femenina en Europa y otras 180.000 corren riesgo de ser mutiladas cada año.
Se adquiera un compromiso con los derechos de las mujeres y las niñas, también fuera de las fronteras de la UE, para ello debería impulsar mejoras en el caso de 9 defensoras de los derechos de las mujeres nicaragüenses, que se enfrentan a varios cargos por haber ayudado a una niña de 9 años, violada en 2003, a abortar legalmente. Éste es uno de los 10 casos de personas en riesgo que Amnistía Internacional ha presentado a la Presidencia española.
Información adicional
Rosita fue violada y quedó embarazada con sólo 9 años. Fue en el año 2003, entonces en Nicaragua el aborto era legal en caso de que la vida de la madre corriera peligro o si el embarazo era fruto de violación. Nueve mujeres (Ana María Pizarro, Juanita Jiménez, Lorna Norori, Luisa Molina Arguello, Marta María Blandón, Marta Munguía, Mayra Sirias, Violeta Delgado y Yamileth Mejía) con extensa experiencia en la promoción de la salud sexual, ayudaron a Rosita y a su familia a abortar legalmente. El aborto legal de Rosita en Nicaragua fue autorizado por una comisión de médicos convocada por el Ministerio de Salud, también lo aprobó el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, y las investigaciones del Ministerio Público estimaron que se había realizado dentro de la legalidad. Quienes autorizaron el aborto y apoyaron a Rosita para acceder a él, lo hicieron con el convencimiento de que estaban salvándole la vida. En 2006 se declararon ilegales todas las formas de aborto. El nuevo Código Penal impone penas de prisión para los médicos que practiquen abortos y para las mujeres y niñas que se sometan a un aborto o pidan que se les practique, sin tener en cuenta las circunstancias. En 2007, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, organización respaldada por la Iglesia católica, presentó una denuncia contra estas mujeres por su implicación en el caso de Rosita. La causa sigue abierta, y mientras tanto, en 2008 el Gobierno anunció que varias ONG estaban siendo investigadas por presunta gestión irregular de fondos. Entre ellas, el Movimiento Autónomo de Mujeres, al que pertenecen estas nueve activistas defensoras. Desde entonces no se las ha dejado de intimidar y hostigar.

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